Pronunciamiento repudia archivo judicial de causa

Escuela de Ciencias Sociales se pronuncia ante el asesinato de Sergio Rojas y la orden de desalojo de indígenas cabécares

2 de Octubre 2020 Por: Redacción
sergio rojas

Líder indígena Sergio Rojas Ortiz. Fotografía Crhoy.

Considerando que los pueblos indígenas de Costa Rica reforzaron su proceso de afirmación territorial autónoma y el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, la Escuela de Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica (TEC), emitió un pronunciamiento que señala el rechazo y repudia el archivo de este suceso y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio. A continuación el texto completo del pronunciamiento.

Rechazamos y repudiamos el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio

Considerando que:

1. Los pueblos indígenas de Costa Rica reforzaron su PROCESO DE AFIRMACIÓN TERRITORIAL AUTÓNOMA (PATA) ante la omisión del Estado para garantizar sus derechos como dueños y dueñas absolutos y únicos de su Tierra/Territorio, después de que el 10 de agosto del 2010 –Día Internacional de los Pueblos Indígenas– 27 indígenas (mujeres y hombres) fueran desalojados represiva y violentamente del Salón de Beneméritos de la Patria de la Asamblea Legislativa, cuando pedían la “Aprobación o Archivo” del Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas No. 14.352.

2. En la práctica los pueblos indígenas han sido despojados de sus Tierras/Territorios, que según los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley Indígena N° 6.172 de 1977, pertenecen “a las comunidades, siendo esa posesión exclusiva de las personas que las habitan, además son intransferibles, inalienables (no se comercian), imprescriptibles (no se puede alegar derecho por el paso del tiempo); y agrega la Ley, que “los contratos o negocios con NO Indígenas son ABSOLUTAMENTE NULOS” (sic).

3. En el proceso de hacer valer sus derechos sobre sus teritorios fueron asesinados Sergio Rojas Ortiz en su casa de habitación el 18 de marzo de 2019 y Jhery Rivera Rivera el 24 de febrero del 2020, lo cual demuestra la brutalidad contra los pueblos indígenas. Desde abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares (MC-XXXXXXXXXXX) con las que se ordenó al Estado costarricense proteger la vida y la integridad de los pueblos indígenas Teribe y Bribri del territorio de Salitre, cantón de Buenos Aires, al cual pertenecía Sergio Rojas Ortiz.  En el caso de Jerhy Rivera Rivera, tres días antes de su asesinato, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas –FRENAPI– había emitido una “ALERTA TEMPRANA sobre la movilización y organización de personas usurpadoras en Tierras Indígenas”.

4. La violencia en los territorios indígenas es permanente y está dirigida directamente contra muchas personas indígenas como Pablo Sibar Sibar y Vicky Lezcano Ortiz, integrantes de la Coordinación Nacional del FRENAPI, junto con Robert Morales Villafuerte, recuperantes Brörán en Crun Shurin (Térraba) y Clarita Quiel Torres, recuperante Bribri en Nima Dikol (Cabagra), quienes según FRENAPI “han sido objeto directo de persecución racista y amenazas de muerte, incluso desde páginas manejadas tras el cobarde anonimato en Facebook, como es el caso “Verdades de Salitre”, “Brunca T.V” y “Campesinos de Buenos Aires”, todas colmadas de calumnias, insultos, incitaciones no sólo al asesinato, sino a la tortura de los cuerpos de nuestras/os compañeras/os”. 

5. El asedio de los territorios indígenas incluye incursiones y permanencia de vehículos, maquinaria pesada, como cuando el 6 de marzo de 2020, según FRENAPI “atravesaron una “vagoneta” y vehículos pesados en la entrada al Territorio Cabécar de China Kichá, impidiendo el paso de la policía”, que a su vez permitió las acciones de los supuestos usurpadores. “La quema de terrrenos cultivados o no, la destrucción de cercas, las amenazas de agredir a las familias indígenas, y la presencia armadas de matones pagados por los finqueros usurpadores, son parte de la cotidianeidad en los pueblos indígenas”, según lo denunciado por los pueblos indígenas y personas como Pablo Sibar Sibar.  Igualmente violenta fue la “Marcha por la Paz en Buenos Aires” del sábado 7 de marzo del 2020, en la que un grupo de terratenientes, “acompañados por líderes locales de iglesias, comerciantes y empresarios, así como miembros de la Municipalidad”, expresaron todo tipo de mensajes racistas y llamados a permanecer dentro de los territorios indígenas, sugún divulgaron los y las indígenas por medio de FRENAPI.

6. Dos muestras más de la violencia étnica, cultural, patrimonial, neo y endocolonial que son parte de la violencia estructural contra los pueblos indígenas, son la reciente resolución del jueves 24 de setiembre de 2020 del Ministerio Público, que desestima y archiva la causa penal que se seguía por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, aduciendo que “el entorno, la forma de vida de la zona y la imposibilidad de localizar a los testigos fueron factores que jugaron en contra de la investigación”. La otra acción, inaudita en la historia del país, es la sentencia de desalojo en favor de supuestos usurpadores y en contra de habitantes cabécar de Kono Jú en China Kichá en Pérez Zeledón, dictada por el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial, aduciendo “protección de actividad agraria productiva”.

7. Tras el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el Presidente de la República se dirigió al país el 19 de marzo de 2019 indicando que: “Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el pueblo bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver los conflictos. Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al O.I.J. y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya, se le está dando protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad”.

8. Ambos hechos: el archivo de la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y el desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio, demuestran que el Gobierno de la República no cumplió lo prometido y sigue siengo negligente en términos de asegurar el cumplimiento de la legislación nacional y el derecho consuetudinario de los pueblos , los acuerdos y leyes internacionales que protegen las tierras y la vida de los pueblos indígenas que, entre otras incluyen el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado mediante la Ley N° 7316, y cuyo artículo 2 establece: “1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”, res

9. El mismo Convenio 169, en su artículo 14 indica que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia”. También señala el Convenio que “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.

Se acuerda:

  1. No concordamos y repudiamos la orden del Ministerio Público de archivar la causa por el asesinato de Sergio Rojas Ortiz (Expediente -19-000178-0990-PE).
  2. Instamos a continuar con el proceso investigativo a cargo de la Fiscalía General de la República para garantizar que este crimen no quede impune.
  3. Denunciamos la insuficiente acción del Estado costarricense que se evidencia en el incumplimiento tanto de compromisos sociopolíticos como de instrucciones legales y mandatos internacionales relativos a la protección de los pueblos indígenas y el respeto de sus derechos, por parte del Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto de Desarrollo Rural y la Fiscalía General, entre otras instancias.
  4. Denunciamos el incumplimiento del Gobierno de la República de los compromisos asumidos por el señor Presidente de la República de “dar todo el apoyo necesario al O.I.J. y a las autoridades judiciales para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible”.
  5. Rechazamos y repudiamos la orden de desalojo de indígenas cabécares de China Quichá de su propio territorio, porque establece un precedente insólito de racismo y neocolonialismo.
  6. Demandamos al Gobierno de la República que haga uso de sus facultades y ordene la no ejecución definitiva de este desalojo.
  7. Denunciamos que la postergación del desalojo por diez días emitida por el Juzgado Civil, Trabajo y Familia del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, para que intervengan el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), es una acción dilatoria que deja igualmente desprotegidas a las familias y comunidades cabécares y no detiene, de ninguna manera, el atropello de las leyes y los derechos de los pueblos indígenas en su propio territorio.
  8. Exhortamos a la comunidad nacional e internacional a denunciar y repudiar esta situación de impunidad y de indefensión de los pueblos indígenas costarricenses.
  9. Demandamos que el Estado costarricense recurra a las instancias internacionales reconocidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para resolver y hacer justicia en los casos de los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera, y también para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, defensa ejercida de hecho y por derecho por los pueblos indígenas, que es la causa de esos asesinatos y podría provocar muchos más.
  10. Demandamos la creación de una Comisión especial con representación de los pueblos indígenas, el Gobierno e instancias de apoyo internacionales, que oriente los procesos de ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
  11. Exhortamos al Consejo Institucional a pronunciarse ante estos hechos y manifestar su  apoyo a los pueblos originarios en la reivindicación de sus derechos fundamentales y el respeto a las normas jurídicas –nacionales e internacionales– y a los instrumentos políticos asociados, y solicitamos también a todas las instancias institucionales, académicas y culturales del ámbito nacional e internacional, manifestar su apoyo a las poblaciones indígenas y su rechazo a los atropellos de que han sido objeto.

 

Escuela de Ciencias Sociales, 28 de setiembre, 2020.

Pueblos Indígenas, Escuela de Ciencias Sociales, Opinión