Por: Dr. Julio César Calvo, Rector TEC

Desde hace varias semanas, los Rectores y el Gobierno hemos estado analizando la situación fiscal y la urgencia de mejorar los ingresos y controlar los gastos en el presupuesto nacional. Son muchos frentes de análisis y factores a considerar.

Entre todos los actores hay conciencia de que la educación es la mejor herramienta para provocar y mantener el desarrollo económico, cultural, científico y tecnológico del país. Todas las naciones deberían de invertir más en educación para prevenir el crecimiento de la pobreza, la cual se derivada de sociedades no preparadas.

Costa Rica ya ha pasado por períodos donde se reduce la inversión en educación con consecuencias muy graves para el desarrollo del país. Con esto, se ha expulsado a miles de costarricense de las oportunidades de trabajo propio o remunerado y con ello se han creado generaciones pérdidas que hoy representan el mejor testimonio de la inequidad y la exclusión social.

Ciertamente, vivimos un trance que considero temporal, en el que la economía esta decaída y en donde todos debemos ajustar nuestras finanzas familiares y de nuestras instituciones públicas. Costa Rica debe enfrentarse ya a la decisión de mejorar la recaudación fiscal, como uno de los elementos de sanear las finanzas del Estado. Hay que tomar conciencia de que este período lo topamos justo en el momento en que el país está a las puertas de alcanzar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Nuestros indicadores de desarrollo económico, social y ambiental se fundamentan en ese excelente talento humano que nuestro país ha logrado gracias a la inversión en educación pública y a un sistema universitario estatal de excelente calidad.

Son nuestras universidades públicas donde no solamente se forman excelentes profesionales, sino también donde se genera la mayor cantidad de esfuerzos para impulsar nuevos conocimientos, basados en la investigación, la innovación y las ciencias básicas, lo cual nos dan una base sólida para seguir nuestro camino en esa sociedad que todos aspiramos.

Para llegar a paso firme a esa visión de un país con indicadores de desarrollo comparables a países nórdicos, no se puede titubear en invertir en educación de calidad. Si lo hacemos nos engañamos y retrocederíamos hacia un camino que nosotros mismos nos propusimos.

En esta reflexión, no cabe duda que las universidades han asumido ese liderazgo, hemos aumentado la población estudiantil y hemos abierto carreras nuevas no solo en las Sedes Centrales, sino también en las Regionales, hemos abierto más sedes por todo el territorio, se han ampliado y mejorado nuestras capacidades de investigación en los campos más importantes para impulsar la productividad y hemos fortalecido nuestros valores culturales y sociales a través de la educación, la extensión y la acción social, entre algunas de las acciones más importantes logradas en estos años.

Como firmes creyentes de que las oportunidades deben ser para los más necesitados, hemos ampliado nuestro programa de becas y residencias. Hoy miles de estudiantes de zonas marginadas y hogares pobres están cursando carreras de primer nivel, acreditas nacional e internacionalmente.

Los indicadores de nuestro desempeño son contundentes, quizás no así los indicadores de gestión administrativa en donde todas las instituciones públicas nos enfrentamos a un intrincado sistema de control, en el cual en la mayoría de los casos se presume que hay corrupción y delito. Es por esto que las críticas ya no van dirigidas tanto a la calidad y cumplimiento de nuestro quehacer, sino que se desvían a temas complejos de la administración pública, donde ninguna institucional ha logrado resolver en forma oportuna los procedimientos de contratación administrativa.

Bajo esa realidad se critica los superávits, algo inevitable dado que inversiones en infraestructura y equipamiento son imposibles de concluir en un año, donde los procesos licitatorios naturales ya implican varios meses y si a eso se le suma los procesos de apelación, los plazos se alargan en forma no predecible. Es así como, se satanizan los superávits dando a entender que nos sobra la plata y nada más lejos de la verdad. Hace tres años, por ejemplo, en el TEC un proceso licitatorio para adquirir 1000 computadores fue apelado repetidas veces y ese monto en reserva pasó como superávit casi dos años. Igual sucedió con la construcción de un edificio de aulas para 820 estudiantes, donde se pudo iniciar su desarrollo dos años después de enfrentar varias apelaciones. Estos dos casos no solamente describen la situación del superávit, que en la mayoría de las ocasiones se sale de nuestras manos, sino también el atraso en poder atender las necesidades del crecimiento que hemos experimentado en población estudiantil, investigación y extensión.

El tema de los pluses salariales es otro frente a tomar en cuenta. Por el ejemplo, la anualidad fue negociada en los años 80 cuanto la inflación llegaba a superar el 18% anual, e inclusive llegaba a ser mayor a 30%. En ese entonces, era común negociar incentivos para recuperar el valor real del salario. Hoy día con inflaciones bajas no resulta sostenible ese esquema y su cambio requiere de una negociación con los sindicatos para lo cual se necesita tiempo y sobre todo de convencimiento de los actores para llegar a acuerdos que no alteren la paz social.

La legislación laboral ha impuesto límites y condiciones que también suben la magnitud de algunos componentes salariales y para reducirlos responsablemente se requiere de negociación y tiempo. Pero tampoco se vale manipular la información para exhibir datos que no son precisos y crear una imagen distorsionada ante la opinión pública.

El año pasado en uno de esos escandalosos intentos para desprestigiar a las universidades públicas se publicaron los salarios del TEC. Tres funcionarios mostraron salarios de nueve, ocho y siete millones, sin aclarar que en cada caso estos colaboradores estaban recibiendo en ese mes pagos retroactivos de varios meses de reconocimiento de título de doctorado o de paso de categoría. Los tres casos tenían salarios reales entre tres y dos millones. Pero el escandalo logró su propósito.

Los rectores hemos expresado nuestra preocupación con el tema de la sostenibilidad de los incentivos salariales y nos hemos comprometido de manera escalonada y prudente a revisar y ajustar esos incentivos en lo que el marco legal nos lo permita. Pero hay que dejar claro que el énfasis en este tema distrae a la población de la importancia de la educación, su calidad, su pertinencia y sobre todo su valor estratégico, como la mejor herramienta para combatir la pobreza y lograr una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y sostenible. Es muy peligro perder la pausa y asumir posiciones radicales, justo cuando más ocupamos inversión en educación.

Por eso los rectores hemos impulsado, junto con la Comisión de Enlace, un acuerdo que mantenga un presupuesto al MEP y a las universidades con la visión clara de que la Educación es y será la mejor vacuna contra la pobreza, la disminución de la competitividad y la producción y, por sobre todo, la pérdida de la ilusión de ser un mejor país cada día.

El arreglo que estamos a punto de alcanzar está anclado en nuestras aspiraciones como sociedad, tiene fundamento legal y garantiza que este país continúe en el camino que nos hemos propuesto. Las cifras serán anunciadas en su debido momento y esperamos que las comunidades universitarias nos apoyen, porque este acuerdo lo estamos gestando con responsabilidad y conciencia de nuestro valor social, considerando la situación que enfrenta nuestro país.

Algunos medios de comunicación y sectores sociales podrían entorpecer este acuerdo, pero a la vez no podrán explicar cómo continuar por el camino de la sociedad del conocimiento, como reducir las brechas sociales y como lograr el país que todos añoramos. Las comunidades universitarias debemos ser autocríticas y aceptar con humildad que podemos mejorar, siempre desde nuestra autonomía universitaria y con la conciencia de que somos los pilares del desarrollo y la conservación de la paz social de nuestro país.

Seguimos convencidos y comprometidos de que no hay camino para el desarrollo de una nación que la inversión responsable en educación superior pública.