Expertos desnudan riesgos de regla fiscal y ley de empleo público para el estado social de derecho

Un encuentro de expertos de distintas representaciones universitarias se reunió en el Centro de las Artes del Tecnológico de Costa Rica (TEC) este lunes 8 de agosto con el fin de discutir y resolver dudas respecto a las características de la regla fiscal y la Ley de Empleo Público.

El espacio impulsado por la Comisión Institucional para la Sostenibilidad de la Educación Superior (CISES), la Asociación de Funcionarios del TEC (AFITEC), la Comisión Especial del Consejo Institucional y la Rectoría, reunió las voces de actores sociales y personas cuya experiencia y análisis le permitan a la comunidad universitaria y del país en general, comprender los alcances reales de estas legislaciones mediante espacios de reflexión y conocimiento como los generados en este foro.

Una de ellas fue la de la Vicerrectora de Administración de la Universidad Nacional (UNA), Roxana Morales Ramos, quien señaló generalidades de las reglas fiscales alrededor del mundo. Entre estas, sus objetivos como mecanismos que permiten a los gobiernos controlar el crecimiento del gasto público.

Según destacó, en el mundo las primeras reglas fiscales fueron implementadas en la década de los noventas y luego de la crisis financiera de 2008-2009. Estas introdujeron reformas para incluir nuevas características, entre ellas la creación de instituciones de monitoreo y aplicación.

“No existe una receta ya que cada país aplica los criterios de la propuesta según la conveniencia correspondiente”, acotó Morales, destacando además, cómo 105 países, entre estos los de Latinoamérica: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Costa Rica, aplican actualmente una regla fiscal.

A partir de esto, la Vicerrectora dio características de la aplicación actual de la regla fiscal en el país, la cual está limitando el crecimiento del gasto corriente y el gasto de inversión, ya que Costa Rica tiene en estos momentos un endeudamiento público que supera el 60% del Producto Interno Bruto (PIB); esto genera medidas extraordinarias según este escenario y el artículo 13 de la regla, que indica:

• No se ajustarán por ningún concepto las pensiones, excepto en lo que corresponde a costo de vida.
• El Gobierno Central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública o estén destinados a ser utilizados en gastos de capital.
• No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales, los cuales no podrán ser reconocidos durante la duración de la medida o de forma retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar las prestaciones legales, jubilaciones y la anualidad del funcionario.

Uno de los puntos mencionado por Morales, así como por Francisco Esquivel, economista y docente de Posgrados del TEC, es cómo el congelamiento de salarios desde hace unos tres años y con la proyección de que se mantegan así -según lo descrito por la ley- en los próximos años acorde a proyecciones de la relación de endeudamiento-PIB, pone en una situación estrecha a miles de empleados públicos, ya que la regla no permite que los salarios sean ajustados ni por inflación. A esto se le debe sumar un acelerado crecimiento de la tasa de inflación (11,4%, la más alta según el Instituto Nacional de Estadística y Censos en los últimos 10 años).

Según los expertos, lo anterior se vincula a una limitación de la regla para la formulación y ejecución máxima de presupuestos, así como para la generación de ingresos propios de las instituciones.

“Hay que sustituir la regla fiscal por un nuevo método de control de gasto riguroso y eficiente. La regla recorta mal el gasto”, indicó Esquivel

Adicionalmente, el economista destacó cómo la educación -incluido el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el gasto social, el mantenimiento de vías, así como las limitantes en inversiones, se están restringiendo y debilitando, lo que ocasiona amenazas claras al estado social de derecho; criterio compartido por los panelistas.

Vinculado a los riesgos que genera la regla fiscal están los de la Ley de Empleo Público, mismos que fueron expuestos por Mauricio Castro, abogado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Castro destacó como esta ley -que entrará a regir el 9 de marzo del 2023- crea las posibilidades para que el Gobierno establezca unilateralmente condiciones de trabajo tomando como supuesto objetivo modernizar la normativa que rige lo relativo al recurso humano del Estado. “Esta “modernización” incluye la disminución de incentivos salariales, que vienen ya en reducción con la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, destacó.

Un aspecto remarcado por Castro fue el ataque a la permanencia de incentivos salariales creados vía convención colectiva, los cuales desaparecerían al concluir la vigencia de estos acuerdos laborales institucionales y no podrían ser renegociados acorde a interpretaciones erróneas de la Sala Constitucional, según señaló el docente.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OIT ha dicho que esto viola los derechos y los tratados internacionales ratificados por Costa Rica”.

La presentación de los panelistas invitados fue moderada por el sociológo y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del TEC, Osvaldo Durán Castro, mientras que el cierre del espacio fue realizado por el rector del TEC, el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla.

“Existe otro paquete de proyectos de ley que se está gestando en la Asamblea, que también amenaza en gran medida el quehacer de las universidades y de otras instituciones públicas”, indicó el rector, al tiempo que agradeció a los expositores e hizo un llamado para una participación más activa en espacios de reflexión y análisis de estas y otras leyes.

Vea a continuación en su totalidad el foro realizado.