La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, el presupuesto que financia a las cinco universidades públicas del país, inició el 17 de marzo de 2026 en la Comisión de Enlace. El CONARE propuso un incremento de 2,94%, mientras que el Gobierno planteó un 0% de aumento y, el 21 de abril, se retiró de las negociaciones.
Sin acuerdo, la decisión pasó a la Asamblea Legislativa, que discute el Presupuesto Nacional 2027 (Expediente n.° 25.754). El proyecto enviado por el Ministerio de Hacienda mantiene el FEES en ₡593.484 millones, el mismo monto de 2026. En la Comisión de Asuntos Hacendarios se presentaron además mociones que rebajan recursos a las universidades públicas. Por otra parte, el Gobierno propone recortar ₡492 millones al Centro Académico de Limón del TEC.
En esta página explicamos qué es el FEES, cómo se negocia, qué establece la ley y cuál es la situación actual.
Las cinco universidades públicas del país requieren financiamiento para proporcionar educación, conceder becas, llevar a cabo investigaciones, promover la acción social, fomentar la innovación y el avance tecnológico, y servir a la sociedad. Estos recursos provienen del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), dinero que el Estado debe asignar a las universidades porque así lo establece la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 85.
Este artículo dispone que el Estado debe dotar de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia, y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones, es decir, les debe garantizar fuentes de ingresos específicas y sostenibles.
Según este mismo artículo, el Banco Central de Costa Rica administrará este fondo y cada mes pondrá los recursos a disposición de las universidades. Las rentas de este fondo especial no pueden ser eliminadas ni reducidas, a menos que se establezcan otras fuentes de ingresos equivalentes al mismo tiempo.
Desde el 2023, la Universidad Técnica Nacional recibe fondos del FEES también.
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Estos recursos tienen respaldo legal: el artículo 24 del Título IV de la Ley n.° 9635, reformado por la Ley n.° 9732, establece que el Estado no puede asignar a las sedes regionales de las universidades públicas menos de lo que recibían. El TEC cubrió con recursos propios becas y salarios de sus 417 estudiantes en Limón, pero advierte que la medida no es sostenible y que, sin los fondos, la sede enfrentaría un cierre técnico.
Ahora bien, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Aunque el FEES no es un monto fijo, para entenderlo hay que volver a la Constitución. El artículo 78 establece que el país debe destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, incluida la superior. Ese es el punto de referencia con el que se negocia este fondo cada año.
Sin embargo, la realidad va en otra dirección. Según el Décimo Informe Estado de la Educación 2025, el financiamiento educativo atraviesa su peor caída en 40 años.
En los últimos años, la inversión ha venido bajando: pasó de 5,7% del PIB en 2023 a 5,0% en 2025, y podría caer a 4,6% en 2026. Es decir, cada vez más lejos del 8% que establece la Constitución. Aun así, con ese dinero se financia todo el sistema educativo, desde preescolar hasta universidades.
En el caso de la educación superior, esto se siente directamente en el FEES. Entre 2019 y 2024, los recursos tuvieron una caída real de 4,73%, y para 2026 el monto asignado es de ₡593.484 millones, con un aumento mínimo del 1%.
Lo clave es que esto ocurre mientras las universidades atienden a más estudiantes. Según el informe, la matrícula total creció un 11,5% (promedio anual de 3,84%), y más de la mitad de quienes ingresan (53%) reciben beca.
En sencillo: hay más personas que atender, pero con menos recursos por estudiante.
¿Y quién decide ese monto? El FEES se "negocia" porque un grupo de representantes del Gobierno y de las universidades se reúnen para definirlo.
Este espacio de negociación se llama Comisión de Enlace. Está formado por jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). También participan los rectores o rectoras del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y desde el 2019, las o los presidentes de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas, designados según lo estipulado en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal.
Allí, los miembros de la Comisión de Enlace evalúan diversos parámetros, como indicadores, el seguimiento al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) y la agenda de colaboración entre el Gobierno y las universidades.
Si surge algún desacuerdo sobre la aprobación del presupuesto, la Asamblea Legislativa será la encargada de resolverlo.
Ahora bien, desde el 2016 el FEES se negocia anualmente. Antes, se negociaba de forma quinquenal. Según el último Estado de la Educación, este panorama es conflictivo y contraproducente para la planificación a mediano y largo plazo de la educación superior. En particular, dificulta alcanzar las metas de expandir la cobertura, mejorar la calidad y asegurar la pertinencia de la educación.
Por ello, este informe hace un llamado a retomar las negociaciones quinquenales del FEES y al cumplimiento de las normas constitucionales que regulan la materia, en el marco de un estudio más amplio sobre la gobernanza y los resultados de la educación superior.
La negociación del FEES 2027 inició el martes 17 de marzo de 2026 en la Comisión de Enlace, con énfasis en el cumplimiento del incremento en becas estudiantiles acordado por las universidades públicas. En esa sesión, el Poder Ejecutivo expuso el panorama macroeconómico del país y solicitó un reporte de la inversión universitaria en infraestructura y salarios.
El Gobierno planteó un crecimiento de 0% para el FEES 2027. El 14 de abril, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en sesión ampliada, aprobó los principios para la redistribución del fondo entre las universidades públicas. El 21 de abril, el CONARE propuso un aumento de 2,94%, mientras que los representantes del Ejecutivo se retiraron de las negociaciones. Con ello, la definición del monto quedó en manos de la Asamblea Legislativa.
Mociones al Presupuesto Nacional 2027 (Expediente n.° 25.754)
En la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios se presentaron dos mociones que trasladan recursos de la educación superior a la contribución patronal del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA).
La moción 16 propone rebajar ₡8.048,1 millones del FEES, correspondientes a recursos postergados según el acuerdo de la Comisión de Enlace del 20 de noviembre de 2025. Para el Tecnológico de Costa Rica (TEC), esto representa una disminución de ₡1.899,9 millones.
La moción 104 propone recortar ₡8.918,1 millones de las transferencias de operación que el artículo 24 del Título IV de la Ley n.° 9635 garantiza a las universidades públicas. Para el TEC, la afectación es de ₡2.229,5 millones.
De aprobarse ambas mociones, el TEC perdería más de ₡4.129 millones de su presupuesto 2027.
El panorama del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en Costa Rica apunta a años complejos, marcados por restricciones presupuestarias y tensiones políticas.
De acuerdo con el Décimo Informe Estado de la Educación (2025), el financiamiento de la educación superior enfrenta una tendencia de desinversión sostenida. Si no hay cambios en las decisiones de política pública, el presupuesto educativo seguiría disminuyendo hasta 2029, alejándose del mandato constitucional del 8% del PIB y moviéndose en un rango cercano al 4,5%. Esto se ve limitado, en gran medida, por la regla fiscal, que restringe el crecimiento del gasto público.
A esto se suma un escenario de alta conflictividad en torno al FEES. Las negociaciones recientes han sido más difíciles. Para el FEES 2025 no hubo acuerdo entre las partes y el aumento fue definido por la Asamblea Legislativa, mientras que para el FEES 2026 se pactó un incremento mínimo que no compensa la inflación ni la pérdida acumulada de recursos en los últimos años, según señala el informe.
En términos prácticos, esto ya tiene efectos. Varias universidades públicas enfrentan déficits operativos, lo que pone presión sobre áreas clave como becas, investigación y calidad académica. Aunque se han habilitado medidas temporales, como el uso de superávits, estas no resuelven el problema de fondo.
Ante este contexto, el informe plantea que será clave retomar una planificación a mediano plazo, dar mayor estabilidad a las negociaciones y revisar las restricciones fiscales, especialmente en áreas estratégicas como las becas.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es clave para que el Tecnológico de Costa Rica (TEC) cumpla su función pública: formar profesionales, investigar y apoyar a su población estudiantil.
¿En qué se usa, en concreto?
Primero, en formación de talento humano. El TEC gradúa en promedio más de 1.800 estudiantes al año entre 2016 y 2025, en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, educación y turismo. Solo en 2021 se superaron los 2.000 graduados, y en años recientes la cifra se mantiene cerca de los 1.900. Esto refleja una contribución constante al desarrollo del país.
Segundo, en acceso y permanencia estudiantil. En 2024, el TEC destinó recursos para otorgar becas al 60 % de las personas matriculadas en todos los periodos lectivos. Además, el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil (FSDE), financiado en parte con el FEES, creció a ₡6.803 millones en 2025, tras aumentos consecutivos (20 % respecto a 2024 y 18 % respecto a 2023). Esto permite otorgar más de 20.000 becas al año, apoyando a estudiantes de distintos contextos socioeconómicos.
Tercero, en cobertura educativa. Solo en el primer semestre de 2026, el TEC recibió 2.175 estudiantes nuevos y más de 10.000 regresaron a clases, provenientes de todo el país. Esto evidencia cómo el FEES sostiene una educación pública accesible y diversa.
Cuarto, en investigación e innovación. En 2024 se aumentó en 14 % el presupuesto para investigación, lo que permitió desarrollar 272 proyectos con participación de investigadores y estudiantes. Además, en 2023 se impulsaron 142 proyectos de investigación y 52 de extensión, llevando soluciones a comunidades y sectores productivos
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