Noviembre 27, 2018
  • Solución debe darse bajo condiciones de equidad y justicia social.

La Asamblea Legislativa recibió del Poder Ejecutivo, y tiene en discusión, una iniciativa de ley denominada “Fortalecimiento para las finanzas públicas número 20.580”.

El sector sindical presentó ante el Poder Ejecutivo una contrapropuesta denominada “Una reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica propuesta sindical común”.  Los sindicalistas iniciaron una huelga general a partir del 10 de setiembre de 2018, que continúa hasta la fecha y se fortalece con la integración de otras instancias públicas.

Bajo este contexto, el Consejo Institucional acuerda: reconocer la gravedad de la situación fiscal que afronta Costa Rica y, por ende, de la actividad económica medida por el Producto Interno Bruto, cuyo comportamiento está provocando menos ocupación y, por tanto, más desempleo y una gran pérdida de calidad de vida.

Así también, reafirmar el compromiso del Tecnológico de Costa Rica (TEC) con la tradición costarricense de la promoción de mecanismos de diálogo y de concertación, ya sea de pactos sociales o de resolución de huelgas.

Hacer un llamado al Gobierno Central, a la Asamblea Legislativa, al sector empresarial y a las organizaciones sindicales a promover con mayor rapidez los acuerdos, que deben llevarnos a un plan fiscal justo y equitativo, que no propicie la desigualdad ni el desmantelamiento de un Estado Social fundamental para una movilidad social y vital para un ambiente de paz y democracia.

Además, solicitar al conjunto de las universidades estatales costarricenses, mantener una actitud proactiva y propositiva de manera que puedan aportar en la identificación de alternativas que permitan la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de medidas concretas en contra de la evasión y la elusión fiscal y de una reforma tributaria progresiva, justa y equitativa, que atienda el desequilibrio fiscal que afecta a nuestro país

También, se solicita a los manifestantes respetar el libre tránsito y evitar cualquier acto que tenga por objeto promover el desorden, destruir e inutilizar instalaciones públicas y privadas o quitar el carácter pacífico de este tipo de manifestaciones.

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