Noviembre 30, 2018

Por: máster Nelson Ortega

En los últimos meses del 2018, el Consejo Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC) debió pronunciarse sobre situaciones que atentan contra el estado social de derecho costarricense, la educación pública y la autonomía universitaria, específicamente:

  • Agosto: se rechazan enfáticamente las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en contra de los jerarcas universitarios y la campaña de desprestigio, a que están sometidas las Universidades Estatales (Sesión Ordinaria No. 3084, Artículo 18, del 22 de agosto de 2018).
  • Setiembre: se repudia la violación de la autonomía universitaria por la invasión del campus de la Universidad de Costa Rica por oficiales de la policía y uso de violencia injustificada (Sesión Ordinaria No. 3088, Artículo 7, del 19 de setiembre de 2018).
  • Octubre: no se acepta la reducción del FEES 2019, que respaldado por acuerdo de la Comisión de Enlace, la Asamblea Legislativa pretende disminuir en el presupuesto ordinario de la República para el año 2019, intención que incumple lo dispuesto en la Constitución Política y afecta de manera significativa la operación normal, tanto académica como administrativa y en los servicios de apoyo a las y los estudiantes de la Institución (Sesión Ordinaria No. 3095, Artículo 9, del 31 de octubre de 2018).

Con una postura crítica y proactiva, el Consejo Institucional ha reiterado al pueblo costarricense el compromiso del Instituto Tecnológico de Costa Rica con la transparencia, la rendición de cuentas, el trabajo apegado a la legalidad de la función pública y a la búsqueda de la excelencia en todas sus actividades.

En el mismo sentido, insta a las universidades públicas a fortalecer su compromiso en defensa del principio de autonomía universitaria y a divulgar información que permita esclarecer su significado e importancia, en sus respectivas comunidades y ante la comunidad nacional. De igual manera, solicita a los señores Rectores que, en el marco de CONARE, desarrollen las gestiones necesarias para defender el monto del FEES 2019, negociado con el Poder Ejecutivo en la Comisión de Enlace.

Lo ejemplos citados son evidencia de la brega que se realiza desde el Consejo Institucional sobre los elementos fundamentales para la universidad y sobre los pilares que sostienen nuestra sociedad. Cabe señalar que el estado social de derecho, la educación pública y la autonomía universitaria representan en sí mismas oportunidades para lograr el desarrollo social y económico del país y para propiciar la movilidad social ascendente que se desea para la población más necesitada de Costa Rica.

La defensa de nuestra Constitución Política y la vigilancia en la separación de los poderes de la República no son actos de mera resistencia, falta de interés por la crisis del país o de defensa de nuestro financiamiento y salarios, es la defensa de la paz social, de la estabilidad de este país, de la protección de nuestros derechos fundamentales y de la forma en que se ha concibe un desarrollo más solidario del país. 

El ataque a las universidades públicas puede interpretarse de distintas formas, puede ser visto como consecuencia de un proceso de transformación de nuestro estado social de derecho, puede ser el llamado a cuentas de una sociedad costarricense más informada y exigente, puede ser el reclamo de poblaciones que no han sido atendidas o consecuencia de la cada vez más fuerte mercantilización de la educación superior costarricense.

Independientemente del análisis que se realice o de la forma en que interpreten las situaciones presentadas, los caminos se unen en un objetivo común: la defensa de nuestro estado social de Derecho como el mecanismo democrático que ha garantizado el cumplimiento de los derechos y garantías individuales y sociales que caracterizan Costa Rica; la educación pública como mecanismo de movilización social ascendente que permite a las familias de este país desarrollarse y salir del empobrecimiento, y a las universidades públicas, instituciones que invierten en la generación de conocimiento y su transferencia, en forma solidaria con la población costarricense.

Tal y como señala Alfonso Tamayo, “En defensa de la Universidad Pública:

Sin universidad pública no hay quien piense críticamente lo que pasa en la sociedad, su papel crítico y analítico va más allá de los intereses confesionales o empresariales y puede ir más allá de las políticas de gobierno e inclusive en contra de ellas cuando deshumanizan. Su razón de ser como bien social centrado en el conocimiento de las disciplinas y las profesiones hace de la investigación científica y la docencia un imperativo ineludible. El apoyo y financiación por parte del Estado, a través de los aportes que los ciudadanos hacen con el pago de sus impuestos, le dan una responsabilidad social que implica poner esos mismos conocimientos e investigaciones al servicio del país, del pueblo, y abrir sus puertas sin exclusiones, a todos los ciudadanos que tengan los méritos requeridos, aunque no tengan los recursos. La democratización radical de la universidad pública es también un imperativo social.

Las acciones para lograr esta defensa son muchas e involucran a toda la comunidad universitaria. La obligación de hacer un uso más eficiente de los recursos es preponderante, es necesario avanzar en temas de planificación, priorización e impacto respecto al empleo de estos recursos; es necesario cuestionarse todos los días la razonabilidad y pertinencia de las inversiones realizadas, urge medir la huella en la población costarricense, especialmente en nuestros estudiantes y en las comunidades de menor índice de desarrollo social.

Informar a la comunidad nacional los resultados concretos y el efecto en las comunidades oportuna y claramente es uno de los mecanismos de defensa más efectivos que se pueden emplear, hoy son muchos los ataques y estos han permeado en la sociedad. La autocrítica, la transparencia y la comunicación oportuna son relevantes para rescatar la credibilidad de la universidad pública. 

El desarrollo de las acciones en apego consciente y evidenciado en los principios definidos para el cumplimiento de los fines del Tecnológico de Costa Rica, representa una importante estrategia de defensa de nuestra autonomía y de la educación pública.  El Estatuto Orgánico del ITCR define, entre otros, que el cumplimiento de sus fines se rige por los siguientes principios:

  • La búsqueda de la excelencia en el desarrollo de todas sus actividades.
  • La vinculación permanente con la realidad costarricense como medio de orientar sus políticas y acciones a las necesidades del país.
  • La igualdad de oportunidades para el ingreso y permanencia de los estudiantes en la Institución
  • La evaluación permanente de los resultados de las labores de la Institución y de cada uno de sus integrantes.
  • La responsabilidad de los individuos y órganos del Instituto por las consecuencias de sus acciones y decisiones.

La defensa del estado social de derecho, la educación pública, la rendición de cuentas y la autonomía universitaria es un deber de todos, diariamente, desde las aulas, los laboratorios o los escritorios, es una lucha que nunca termina, algunas veces en silencio y otras alzando la voz.