La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para 2027 avanza en medio de la preocupación de las autoridades universitarias ante una propuesta gubernamental que plantearía un 0% de aumento en el presupuesto para el próximo año, lo que amenaza la cobertura e impacto de la educación superior para Costa Rica.
El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Educación Pública, Leonardo Sanchez , defendió la propuesta de un crecimiento nominal del 0%, basada según el jerarca en un contexto de inflación negativa proyectada en -2,7%. Asimismo, indicó que esta propuesta responde a un contexto fiscal y macroeconómico complejo.
Esta propuesta se dio a conocer en la segunda reunión de la Comisión de Enlace con autoridades de las Universidades Públicas y el Sector Estudiantil, que se realizó la tarde de este martes 7 de abril en el Edificio Dr. Franklin Chang Díaz del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), en Pavas, San José.
Las autoridades de las universidades estatales y acordaron no dar por aceptada la propuesta del Gobierno en esta etapa y continuar el proceso de análisis y negociación, en procura de una opción más sólida y acorde con las necesidades del sistema universitario público y por ende del país.
El rector de la Universidad Nacional (UNA) y presidente en ejercicio del CONARE, Jorge Herrera Murillo, señaló que la propuesta del Gobierno fue conocida, pero no puede ser aceptada en su forma actual, al no responder a las necesidades reales del sistema universitario. Además, enfatizó que la negociación en curso corresponde a un contexto internacional que podría presionar los costos más allá de los parámetros tradicionales de inflación, especialmente en áreas como equipo científico, tecnológico y reactivos.
Herrera advirtió que, pese a las limitaciones presupuestarias, las universidades han sostenido el crecimiento en matrícula, becas y formación en áreas estratégicas como STEM. No obstante, insistió en que ampliar cobertura y reducir tiempos de graduación sin un fortalecimiento financiero compromete la calidad, particularmente ante el ingreso de estudiantes con mayores brechas en matemática y lectoescritura, así como una creciente demanda en atención de salud mental.
“No podemos seguir aumentando matrícula ni graduando más profesionales en áreas STEM si no hay un fortalecimiento del presupuesto”.
En cuanto a rendición de cuentas, las universidades informaron avances significativos en los 20 indicadores acordados con el Gobierno. De estos, 11 ya superan el 100% de cumplimiento, seis se ubican entre el 90% y el 100%, y únicamente tres presentan avances entre el 80% y el 90% (ver abajo: Universidades Públicas demuestran con datos su compromiso).
Estos resultados reflejan progresos en la incorporación de estudiantes de regiones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), el acceso de poblaciones vulnerabilizadas, incluidos pueblos indígenas, el aumento en la acreditación de carreras y la integración de tecnologías y competencias en áreas con mayores niveles de desempleo.
La segunda reunión de la Comisión de Enlace da continuidad al proceso iniciado hace un mes, el pasado 17 de marzo, cuando se desarrolló una primera sesión en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública (MEP), ubicadas en Paseo Colón, lo que marcó el arranque formal de la discusión presupuestaria para el próximo año.
Peligra calidad y cobertura de la educación
El FEES constituye el principal mecanismo de financiamiento estatal para las Universidades Públicas, respaldado por la Constitución Política, y permite sostener funciones esenciales como la formación académica, las becas, la investigación, la extensión y la innovación tecnológica en beneficio de la sociedad.
Las autoridades universitarias y especialistas advierten que un no aumento de este fondo, comprometería seriamente la capacidad del TEC para ampliar su cobertura regional, así como para mantener e impulsar proyectos de investigación y extensión dirigidos a comunidades, empresas y personas en todo el país.
Este escenario cobra mayor relevancia en un momento en que el país enfrenta una reducción sostenida de la inversión educativa en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Datos recientes evidencian que este indicador ha venido en descenso en los últimos años, lo que refleja una menor proporción de recursos destinados al sistema educativo en términos relativos.
En ese sentido, la inversión en educación pasó de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a un 5% en 2025 y se estimaba en cerca de un 4,6% para 2026. A esto se suma que el gasto en educación se ha mantenido por debajo del 8% del PIB establecido en la Constitución Política.
En el caso de la educación superior, esto se siente directamente en el FEES. Entre 2019 y 2024, los recursos tuvieron una caída real de 4,73%, y para 2026 el monto asignado es de ₡593.484 millones, con un aumento mínimo del 1%.
Lo clave es que esto ocurre mientras las Universidades estatales atienden a más estudiantes. De acuerdo con el Décimo Estado de la Educación, la matrícula total de nuevas personas estudiantes en las Universidades Públicas creció un 24,6% entre 2011 y 2023 y un 53% del estudiantado recibe beca en algún momento de su trayectoria académica.
La negociación del FEES se realiza en el marco de la Comisión de Enlace, integrada por representantes del Gobierno, las Universidades Públicas y el Sector Estudiantil, quienes deben acordar el monto y las condiciones del financiamiento para el próximo año.
Las autoridades universitarias coinciden en que el FEES debe ser entendido como una inversión estratégica para el país, no solo por su impacto en la formación de talento humano, sino también por su contribución al desarrollo científico, tecnológico y social.
En la nueva sesión de negociación estuvieron presentes representantes del Poder Ejecutivo y de las Universidades Públicas. Por parte del Gobierno participaron el ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández –quien preside la Comisión–; el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños; el ministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Marlon Navarro Álvarez; y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora.
En representación de las Universidades Públicas asistieron Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) –presidente en ejercicio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)–; Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); María Estrada Sánchez, como rectora del TEC; Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y William Rojas Meléndez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN). También participó la representante estudiantil María Ortega Zamora, actual presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia (FEUNED).
Una nueva cita de la Comisión de Enlace tendrá lugar el 21 de abril, en un lugar por definir.
El resultado de la negociación 2027 será determinante para el futuro de la educación superior pública de Costa Rica y su capacidad de respuesta a las necesidades nacionales.
Universidades Públicas demuestran con datos su compromiso
En el marco de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, CONARE presentó ante la Comisión de Enlace los resultados del Informe de Cumplimiento de Indicadores 2025, que es un mecanismo formal de rendición de cuentas acordado entre las autoridades universitarias y el Gobierno de la República.
Los resultados son contundentes: las Universidades Públicas costarricenses no solo cumplieron, superaron lo acordado en negociaciones pasadas.
De los 20 indicadores evaluados con seguimiento anual:
- 11 indicadores superaron el 100% de cumplimiento, con casos que alcanzaron hasta el 400%, lo que refleja una capacidad institucional que va más allá de los compromisos pactados.
- 6 indicadores se ubicaron entre el 90% y el 100%, consolidando avances sostenidos en áreas clave de la educación superior.
- 3 indicadores registraron entre el 80% y el 90% de cumplimiento, con planes de acción activos desde 2024 para cerrar esa brecha en el menor tiempo posible.
En síntesis: 17 de los 20 indicadores alcanzaron o superaron el 90% de cumplimiento. Ese es el estándar de desempeño de las Universidades Públicas costarricenses.
Se adjunta documento con los logros alcanzados por las Universidades Públicas en 2025.
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