A partir del 17 de marzo comienza la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el presupuesto destinado a financiar las universidades públicas del país. Por ello, es crucial comprender cómo funciona este proceso, quiénes son los actores involucrados y lo que establece la ley al respecto.
En esta página repasamos los aspectos principales del FEES. Además, informaremos del avance de las negociaciones del presupuesto para el 2027.
Las cinco universidades públicas del país requieren financiamiento para proporcionar educación, conceder becas, llevar a cabo investigaciones, promover la acción social, fomentar la innovación y el avance tecnológico, y servir a la sociedad. Estos recursos provienen del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), dinero que el Estado debe asignar a las universidades porque así lo establece la Constitución Política de Costa Rica en su artículo 85.
Este artículo dispone que el Estado debe dotar de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia, y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones, es decir, les debe garantizar fuentes de ingresos específicas y sostenibles.
Según este mismo artículo, el Banco Central de Costa Rica administrará este fondo y cada mes pondrá los recursos a disposición de las universidades. Las rentas de este fondo especial no pueden ser eliminadas ni reducidas, a menos que se establezcan otras fuentes de ingresos equivalentes al mismo tiempo.
Desde el 2023, la Universidad Técnica Nacional recibe fondos del FEES también.
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Arranca negociación del financiamiento universitario 2027 (FEES)
La próxima sesión se realizará el 7 de abril a las 2:00 p.m. en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
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FEES: Este martes inicia la negociación del presupuesto para 2027
El MEP convocó a jerarcas de las universidades estatales y representación estudiantil a sesión de trabajo.
Ver NoticiaAhora bien, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Aunque el FEES no es un monto fijo, para entenderlo hay que volver a la Constitución. El artículo 78 establece que el país debe destinar al menos el 8% del PIB a la educación pública, incluida la superior. Ese es el punto de referencia con el que se negocia este fondo cada año.
Sin embargo, la realidad va en otra dirección. Según el Décimo Informe Estado de la Educación 2025, el financiamiento educativo atraviesa su peor caída en 40 años.
En los últimos años, la inversión ha venido bajando: pasó de 5,7% del PIB en 2023 a 5,0% en 2025, y podría caer a 4,6% en 2026. Es decir, cada vez más lejos del 8% que establece la Constitución. Aun así, con ese dinero se financia todo el sistema educativo, desde preescolar hasta universidades.
En el caso de la educación superior, esto se siente directamente en el FEES. Entre 2019 y 2024, los recursos tuvieron una caída real de 4,73%, y para 2026 el monto asignado es de ₡593.484 millones, con un aumento mínimo del 1%.
Lo clave es que esto ocurre mientras las universidades atienden a más estudiantes. Según el informe, la matrícula total creció un 11,5% (promedio anual de 3,84%), y más de la mitad de quienes ingresan (53%) reciben beca.
En sencillo: hay más personas que atender, pero con menos recursos por estudiante.
¿Y quién decide ese monto? El FEES se "negocia" porque un grupo de representantes del Gobierno y de las universidades se reúnen para definirlo.
Este espacio de negociación se llama Comisión de Enlace. Está formado por jerarcas del Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt). También participan los rectores o rectoras del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y desde el 2019, las o los presidentes de las federaciones de estudiantes de las universidades públicas, designados según lo estipulado en el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal.
Allí, los miembros de la Comisión de Enlace evalúan diversos parámetros, como indicadores, el seguimiento al Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES) y la agenda de colaboración entre el Gobierno y las universidades.
Si surge algún desacuerdo sobre la aprobación del presupuesto, la Asamblea Legislativa será la encargada de resolverlo.
Ahora bien, desde el 2016 el FEES se negocia anualmente. Antes, se negociaba de forma quinquenal. Según el último Estado de la Educación, este panorama es conflictivo y contraproducente para la planificación a mediano y largo plazo de la educación superior. En particular, dificulta alcanzar las metas de expandir la cobertura, mejorar la calidad y asegurar la pertinencia de la educación.
Por ello, este informe hace un llamado a retomar las negociaciones quinquenales del FEES y al cumplimiento de las normas constitucionales que regulan la materia, en el marco de un estudio más amplio sobre la gobernanza y los resultados de la educación superior.
La negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027, como inversión estratégica para Costa Rica, inició este martes 17 de marzo con énfasis en el cumplimiento del aumento en becas estudiantiles acordado por las Universidades Públicas, en medio de una agenda que también abordó la presentación del Ejecutivo de las condiciones macroeconómicas del país y la solicitud del reporte de la inversión universitaria en obras de infraestructura y salarios.
La presidencia del CONARE expuso los acuerdos definidos en la negociación del FEES 2026, resaltando el fortalecimiento de los sistemas de becas por parte de las Universidades Públicas, con un crecimiento del 1,67% en 2026 respecto a 2025. Asimismo, se recordó que el monto del FEES 2026 asciende a ¢593.484.833.105, equivalente al FEES 2025 más un incremento del 1% por la variación del valor adquisitivo de la moneda.
La próxima sesión se realizará el 7 de abril a las 2:00 p.m. en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).
En cada sesión participan por parte del Gobierno participarán el ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez Hernández –quien preside la Comisión–; el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke Bolaños; el ministro de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Marlon Navarro Álvarez; y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora.
En representación de las Universidades Públicas asistirán Jorge Herrera Murillo, rector de la Universidad Nacional (UNA) –presidente en ejercicio del Consejo Nacional de Rectores (CONARE)–; Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); María Estrada Sánchez, como rectora del TEC; Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y William Rojas Meléndez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN). También participa la representación estudiantil.
El panorama del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en Costa Rica apunta a años complejos, marcados por restricciones presupuestarias y tensiones políticas.
De acuerdo con el Décimo Informe Estado de la Educación (2025), el financiamiento de la educación superior enfrenta una tendencia de desinversión sostenida. Si no hay cambios en las decisiones de política pública, el presupuesto educativo seguiría disminuyendo hasta 2029, alejándose del mandato constitucional del 8% del PIB y moviéndose en un rango cercano al 4,5%. Esto se ve limitado, en gran medida, por la regla fiscal, que restringe el crecimiento del gasto público.
A esto se suma un escenario de alta conflictividad en torno al FEES. Las negociaciones recientes han sido más difíciles. Para el FEES 2025 no hubo acuerdo entre las partes y el aumento fue definido por la Asamblea Legislativa, mientras que para el FEES 2026 se pactó un incremento mínimo que no compensa la inflación ni la pérdida acumulada de recursos en los últimos años, según señala el informe.
En términos prácticos, esto ya tiene efectos. Varias universidades públicas enfrentan déficits operativos, lo que pone presión sobre áreas clave como becas, investigación y calidad académica. Aunque se han habilitado medidas temporales, como el uso de superávits, estas no resuelven el problema de fondo.
Ante este contexto, el informe plantea que será clave retomar una planificación a mediano plazo, dar mayor estabilidad a las negociaciones y revisar las restricciones fiscales, especialmente en áreas estratégicas como las becas.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es clave para que el Tecnológico de Costa Rica (TEC) cumpla su función pública: formar profesionales, investigar y apoyar a su población estudiantil.
¿En qué se usa, en concreto?
Primero, en formación de talento humano. El TEC gradúa en promedio más de 1.800 estudiantes al año entre 2016 y 2025, en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, educación y turismo. Solo en 2021 se superaron los 2.000 graduados, y en años recientes la cifra se mantiene cerca de los 1.900. Esto refleja una contribución constante al desarrollo del país.
Segundo, en acceso y permanencia estudiantil. En 2024, el TEC destinó recursos para otorgar becas al 60 % de las personas matriculadas en todos los periodos lectivos. Además, el Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil (FSDE), financiado en parte con el FEES, creció a ₡6.803 millones en 2025, tras aumentos consecutivos (20 % respecto a 2024 y 18 % respecto a 2023). Esto permite otorgar más de 20.000 becas al año, apoyando a estudiantes de distintos contextos socioeconómicos.
Tercero, en cobertura educativa. Solo en el primer semestre de 2026, el TEC recibió 2.175 estudiantes nuevos y más de 10.000 regresaron a clases, provenientes de todo el país. Esto evidencia cómo el FEES sostiene una educación pública accesible y diversa.
Cuarto, en investigación e innovación. En 2024 se aumentó en 14 % el presupuesto para investigación, lo que permitió desarrollar 272 proyectos con participación de investigadores y estudiantes. Además, en 2023 se impulsaron 142 proyectos de investigación y 52 de extensión, llevando soluciones a comunidades y sectores productivos
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