Presentan proyecto de ley para agilizar la compra de bienes y servicios para investigación en las universidades

Una reforma de ley presentada por el diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), busca agilizar la compra de bienes y servicios para los proyectos de investigación que se realizan en las universidades públicas.

Según explicó el diputado, el Expediente 23.652 que busca modificar el artículo 3 y el inciso a) del artículo 128 de la de la Ley General de Contratación Pública (número 9986), y “adecuaría la legislación para que las actividades académicas de investigación científica se rijan por procedimientos especiales”.

Esta reforma es necesaria, pues la Ley General de Contratación Pública, que entró a regir a finales de 2022, no contempla los plazos ni necesidades particulares de las actividades de docencia e investigación que se practican en las universidades.

“Básicamente buscamos que las universidades puedan planificar la compra de bienes y servicios de investigación científica en forma bianual y no para períodos de seis años, como estipula la ley en la actualidad. Además, proponemos que se contemplen procedimientos más ágiles y puntuales para la compra de organismos vivos, reactivos y otros equipos particulares”, expresó el diputado Vargas en un comunicado.

Este proyecto también había sido acogido para estudio por parte del Consejo Nacional de Rectores (Conare), que acordó solicitar el análisis y criterio de las personas que dirigen los departamentos de proveeduría de cada universidad.

Además de Vargas, otras 12 diputaciones de distintos partidos aparecen como proponentes del proyecto.

“La nueva Ley General de Contratación Pública 9986 reduce, retrasa y complica la obtención expedita y fácil de insumos requeridos en investigación, la cual tiene carácter ultra competitivo a nivel global. Por lo cual, los investigadores en nuestras universidades están en una franca desventaja de aquellos del mundo industrializado, dado que éstos reciben los insumos necesarios para su trabajo en horas, días o semanas, sin restricciones de calendario, después de haber sido ordenados y cancelados online”.
Dr. Miguel Rojas, docente e investigador del TEC

Ciencia en riesgo

En las universidades estatales se lleva a cabo el 78% de la investigación científica y tecnológica de Costa Rica. De acuerdo con Conare, en conjunto las universidades públicas invirtieron en Investigación y Desarrollo (I+D), en promedio, más de ₡70.000 millones por año, entre 2017 y 2021.

Sin embargo, esta inversión en investigación pertinente para el desarrollo del país y la solución de los problemas nacionales, se ve amenazada por las dificultades de ejecución que plantea la nueva Ley General de Contratación Pública.

“Estos cambios legales en nuestro país provoca que los científicos sufran una reducción efectiva de las horas dedicadas a investigar, por atender múltiples acciones de índole administrativa. La obtención de estos insumos era ya un proceso largo, tortuoso y difícil, sin embargo, se complicó aún más con la entrada en vigor de esta legislación, la cual contempla que estos insumos se deban adquirir a seis años plazo, lo cual no es posible, porque los proyectos de investigación se aprueban anual o bianualmente.

“Adicionalmente, se obliga a comprar en forma consolidada, para obtener ahorros en las compras. Esto es complicado, porque los insumos para investigación son diferentes entre sí y no se pueden agrupar fácilmente. Otro aspecto muy complejo es la utilización obligatoria del sistema digital unificado Sicop, lo cual complica aún más las compras”, comentó el Dr. Miguel Rojas, investigador de la Escuela de Biología del TEC.

Rojas explica que la reforma propuesta en el expediente 23.652 viene a disminuir algunas de las trabas que están complicando las posibilidades de investigación de las y los científicos nacionales.