Tras un intenso proceso de diálogo nacional y territorial, el Primer Congreso Nacional por la Educación Pública (2025-2026) ha emitido su declaratoria oficial. Esta constituye un mandato ciudadano que establece una hoja de ruta frente a la crisis estructural que atraviesa el sistema educativo costarricense.
El Congreso declara que la educación pública es un bien público, un derecho humano fundamental y un deber indeclinable del Estado. Su defensa se reconoce como una condición esencial para la democracia, la justicia social, la movilidad social y el desarrollo humano del país.
Ante la evidencia científica del Décimo Informe del Estado de la Educación (2025), que documenta la peor crisis educativa desde la década de 1980, el Congreso exige que la educación pública sea declarada prioridad nacional y en situación de crisis como política de Estado.
La Declaratoria establece la necesidad de avanzar hacia el cumplimiento del 8% del PIB para la educación pública, asegurando que estos recursos se gestionen de manera progresiva y responsable. Para lograrlo, se propone una transformación tributaria estructural que fortalezca la inversión social y libere al sistema educativo de las restricciones de la regla fiscal, evitando que el presupuesto sea utilizado como una variable de ajuste económico.
En cuanto al entorno físico y tecnológico, el Congreso urge la recuperación de la infraestructura educativa y la resolución de las 887 órdenes sanitarias pendientes a diciembre de 2024, promoviendo la reapertura de centros cerrados mediante asignaciones presupuestarias diferenciadas según la realidad climática y geográfica de cada territorio. Esto se complementa con la consolidación de la Red Nacional de Conectividad Educativa, impulsada a través de alianzas público-privadas para cerrar la brecha digital.
Para garantizar la permanencia de los estudiantes y evitar el daño intergeneracional por la pérdida de aprendizajes, se declara prioritario el fortalecimiento de los programas de equidad, tales como comedores escolares, transporte estudiantil y becas. Asimismo, se reafirma que la calidad educativa es inseparable de la dignificación docente, lo que implica garantizar salarios justos, eliminar el interinazgo prolongado, descongelar las remuneraciones y ofrecer una formación continua alineada con un enfoque de derechos humanos.
Finalmente, el Congreso proyecta la educación como un eje estratégico nacional articulado con la educación superior y técnica, fundamentado en la transparencia y la participación social. El objetivo central es la construcción de entornos seguros, inclusivos y libres de violencia que funcionen como espacios de paz y protección para la niñez y la juventud costarricense.
Esta iniciativa, que nació en 2022 impulsada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), ha superado los enfoques tradicionales al incorporar una perspectiva territorial profunda. Se realizaron encuentros regionales en San Carlos, Limón, Puntarenas y Pérez Zeledón, integrando a más de 230 personas de diversos sectores sociales, productivos y académicos.
Durante el evento, la rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, participó como panelista en el conversatorio de apertura. Estrada destacó que las universidades públicas han priorizado su presencia en espacios de diálogo plurales para escuchar las necesidades de todos los sectores.
“Parte del quehacer de las universidades ha sido proponer soluciones y trazar caminos de corto, mediano y largo plazo que debemos construir como sociedad (...) Todas las personas en este país merecen el acceso a una educación pública digna, inclusiva, crítica y pertinente”, afirmó la Rectora del TEC.
Compromiso de las candidaturas presidenciales
En el marco del Congreso, las personas candidatas a la Presidencia de la República suscribieron el "Pacto Nacional de Compromisos con la Educación Pública".
Este instrumento vincula a quienes aspiran a la presidencia y a su futuro gabinete a declarar la educación como prioridad nacional en sus primeros 100 días de gobierno y a institucionalizar este Congreso a través del Ministerio de Educación Pública (MEP) como un mecanismo permanente de diálogo.
Las personas candidatas que firmaron este compromiso fueron:
- Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)
- Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana
- Ariel Robles, dle Partido Frente Amplio
- Un representante del Partido Integración Nacional
- Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social
- Claudio Alpízar, del Partido Esperanza Nacional
- Ronny Castillo, del Partido Aquí Costa Rica Manda
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