Especialistas del Tecnológico de Costa Rica señalan que el Expediente 23.414 carece de criterios técnicos de reglamentación y que su eventual aprobación, sin las salvaguardas necesarias, comprometería la seguridad del suministro, elevaría las tarifas para hogares más vulnerables y dejaría al ICE como un proveedor pasivo de respaldo sin las herramientas para cumplir ese rol.
El Proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) fue retirado de la corriente legislativa, pero el debate en torno a sus implicaciones técnicas, institucionales y tarifarias continúa activo en el país.
La iniciativa propone crear el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) y redefinir el rol del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en un mercado abierto a la competencia privada.
Desde el Tecnológico de Costa Rica (TEC), dos especialistas de las escuelas de Ingeniería Electrónica y de Ingeniería Electromecánica advierten que la reforma, tal como está planteada, transforma una función técnica en una función política, carece de criterios claros de reglamentación y podría generar una ventana de vulnerabilidad operativa con consecuencias directas para el suministro eléctrico y las tarifas de las familias costarricenses.
La alerta central: del ente técnico al ente político
Para el Dr. Gustavo Gómez Ramírez, docente y investigador de la Escuela de Ingeniería en Electromecánica, el problema de fondo no es la apertura del mercado en sí, sino cómo se diseña esa transición. “El proyecto está motivando un cambio de ente técnico a un ente político”, señala, y agrega que la iniciativa “carece de criterios de reglamentación” que garanticen una operación segura, eficiente y equitativa del sistema.
Actualmente, el ICE concentra la planificación, operación y despacho del sistema bajo una lógica de optimización integrada que ha permitido a Costa Rica mantener una cobertura eléctrica prácticamente universal y una matriz renovable superior al 95%. El proyecto propone trasladar esas funciones a ECOSEN, un nuevo ente autónomo que aún no existe y que debería construir, desde cero, décadas de experiencia operativa.
“El Centro de Control de Energía del ICE posee décadas de experiencia empírica y predictiva sobre el comportamiento de la red nacional e interconectada. Trasladar estas funciones a un nuevo ente genera una ventana de vulnerabilidad operativa crítica”, explica el ingeniero Carlos Mauricio Segura Quirós, coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab) de la Escuela de Ingeniería Electrónica.
Segura, quien es especialista en energía solar, propone como alternativa fortalecer al ICE desde el plano administrativo, dotándolo de tecnologías de almacenamiento energético (BESS) en subestaciones clave de la red de transmisión.
Los riesgos técnicos, uno a uno
El contexto: una demanda creciente y una apertura que ya es una realidad regional
El punto de partida de Gómez Ramírez es el contexto energético actual: el ICE tiene ya muchos años sin construir nuevas plantas hidroeléctricas, mientras que la demanda eléctrica crece de forma sostenida porque el país está en pleno desarrollo económico.
A esto se suma riesgos ambientales, como el caso del fenómeno de El Niño, de particular fuerza en 2026 y que típicamente suele provocar sequías en la región y la consecuente disminución en la producción en las plantas hidroeléctricas.
El sistema actual está “restringido”, dice Gustavo Ramírez, y este tipo de reformas busca que el país pueda crecer al ritmo que requiere la industria.
Infraestructura insuficiente para un mercado competitivo
Segura Quirós es directo al evaluar la capacidad técnica instalada en el país: la infraestructura actual es insuficiente:
ECOSEN como "ente orquestador": la condición es un regulador fuerte
Sobre la viabilidad técnica de ECOSEN, Gómez Ramírez es enfático: cualquier servicio público que se abra a la libre competencia “tiene que tener un ente regulador. Eso es definitivo, sobre todo cuando hay libre competencia, porque pueden privar ciertos intereses que pongan en riesgo operativo y técnico al sistema eléctrico”.
Lo que propone la ley, explica, es trasladar el Centro Nacional de Control de Energía a ECOSEN, que pasaría a operar desde una perspectiva independiente: “el ICE se va a volver como un operador más, va a ser el más grande del sistema, pero ECOSEN va a ser el ente superior que vea a todos sus satélites y que convivan de forma armoniosa”. Lo describe como un “ente orquestador” que debe garantizar que el sistema “no pierda continuidad, se mantenga confiable, sea resiliente y sea flexible”.
Segura Quirós agrega la dimensión del riesgo en la transición: al separar la planificación y operación del sistema de la propiedad y mantenimiento de los activos, “se introduce un riesgo operativo estructural”. El ICE, advierte, corre el riesgo de convertirse en un “proveedor pasivo de respaldo”: quedaría con la responsabilidad de mantener voltaje y frecuencia ante contingencias, pero sin la gobernanza del despacho.
El problema no es la ley: son los criterios de reglamentación que faltan
Gómez Ramírez coincide con la advertencia central sobre la falta de criterios de reglamentación, pero matiza el origen del problema: “una ley de 39 páginas no puede contemplar todos los aspectos, eso es definitivo, porque si no tendría que ser un Superman de ley. Pero sí, la reglamentación tiene que definir muchos aspectos técnicos”.
Para él, la clave está en quién redacta esos reglamentos: “tiene que ser gente muy técnica, gente que haya convivido con el ecosistema eléctrico, no solo que tenga formación académica”. Advierte además contra copiar modelos de otros países sin adaptarlos: “nuestro entorno es distinto al que tenemos en otros países, y eso es fundamental”. A su juicio, esa incertidumbre sobre la futura reglamentación, más que la ley en sí, es lo que debería generar la atención de la población.
El despacho económico no puede sacrificar la estabilidad del sistema
Sobre el cambio hacia un despacho regido por criterios de mínimo costo bajo ECOSEN, Gómez Ramírez considera que “el despacho económico siempre va a ser bueno porque fomenta tarifas más bajas”, pero advierte que ese criterio no puede aplicarse de forma absoluta en un sistema con alta penetración de renovables variables como el costarricense.
“No podemos pretender despachar un sistema eléctrico con fuentes variables, como la eólica y la solar, a expensas de no tener, por ejemplo, plantas hidroeléctricas que de repente son más caras, pero que me dan estabilidad”, explica Gómez. Por eso, considera que ECOSEN debe tener criterios claros para definir qué porción del sistema debe despacharse priorizando la estabilidad operativa: “el criterio técnico tiene que imperar sobre el criterio económico siempre. No nos podemos dar el lujo de tener apagones por priorizar criterios económicos”.
En cuanto a la matriz renovable, superior al 95% en el caso costarricense, Gómez Ramírez es categórico en que la reglamentación debe incentivar explícitamente nuevas plantas solares y eólicas, ya que su costo de instalación por megavatio-hora producido es hoy más bajo que el de una planta térmica. “Costa Rica nunca puede perder el norte verde que nos ha caracterizado. Eso no se puede perder”, afirma Gómez.
El gráfico muestra la composición horaria de la generación eléctrica y demanda del Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica durante el 9 de junio de 2026. La demanda fue atendida principalmente con generación hidroeléctrica, geotérmica y eólica, con un aporte térmico limitado y apoyo de intercambios regionales de energía. Fuente: https://apps.grupoice.com/CenceWeb/
Almacenamiento energético: mencionado pero no desarrollado
El proyecto menciona el almacenamiento como componente del nuevo modelo, pero no profundiza en cómo integrarlo. Para Segura Quirós, esto es una omisión estratégica: sistemas robustos de almacenamiento BESS (Battery Energy Storage Systems por sus siglas en inglés) son fundamentales para estabilizar la frecuencia de la red, reducir la dependencia hídrica en época seca y consolidar la energía solar y eólica como fuentes primarias.
Gómez Ramírez coincide: si Costa Rica desarrollara una infraestructura BESS robusta para sistemas solares y eólicos, la energía hidroeléctrica podría pasar a funcionar como respaldo; una estrategia que ya implementan Chile, Estados Unidos, España y China, entre otros.
Precisamente en el Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad (SESLab), coordinado por Segura Quirós y el Laboratorio SigmaLab, coordinado por Gómez Ramírez, ambos del TEC, se desarrollan proyectos de graduación orientados a esta solución, incluyendo el aprovechamiento de baterías de segunda vida provenientes de vehículos eléctricos, de almacenamiento electroquímico.
Ciberseguridad: más actores, más vectores de ataque
La multiplicación de operadores no sólo complejiza la coordinación técnica, sino que expande la superficie de ataque del sistema. “Al multiplicar los operadores, aumentan también los vectores de ataque o puntos de ingreso, lo que eleva tanto el riesgo como la probabilidad de fallos en la seguridad”, señala Segura Quirós.
La estrategia óptima, en su criterio, es robustecer el modelo existente y mantener la coordinación centralizada en la institución que ha gestionado el sistema de manera eficiente.
Generación distribuida: el ICE absorbería los desequilibrios
La incorporación masiva de pequeños generadores privados a la red plantea desafíos físicos concretos: flujos bidireccionales de potencia, intermitencia rápida que desgasta los equipos de regulación y una coordinación de protecciones que se vuelve exponencialmente más compleja.
“El desafío principal radica en que toda la carga técnica, operativa y económica de esta reestructuración recaerá directamente sobre el distribuidor; es decir, sobre el ICE”, resume Segura Quirós.
Integración regional: capacidad física sí, gobernanza no
La infraestructura física del país tiene capacidad para participar en el Mercado Eléctrico Regional (MER). El problema, advierte Segura Quirós, es institucional: coordinar contingencias transfronterizas con múltiples actores fragmentados ralentizará la toma de decisiones, y cualquier falla en cascada proveniente del MER se trasladaría directamente al usuario final.
“Se despoja al ICE de las herramientas de gobernanza y control de flujo que le permiten amortizar económicamente el sistema, delegándole únicamente la responsabilidad de asumir la operación más cara, desgastante y deficitaria del sector”, comenta Segura.
Tres modelos, una lección
Costa Rica, Chile y España representan tres modelos distintos de desarrollo eléctrico. Costa Rica mantiene un esquema predominantemente público que le ha permitido alcanzar una de las matrices eléctricas más renovables y estables del mundo, aunque con menor competencia y una expansión más gradual de nuevas inversiones. Chile ha apostado por un mercado altamente liberalizado que ha impulsado la incorporación de energías renovables y capital privado. España combina un mercado competitivo con una fuerte regulación e integración al sistema energético europeo.
Chile: la geografía obligó a innovar en transmisión y almacenamiento
Para Gómez Ramírez, el modelo chileno, liberalizado desde los años ochenta, es interesante por una razón particular: la geografía del país. “Chile es tan angosto y tan largo que llevar electricidad de norte a sur es complicado. La mayoría de la generación está concentrada en el norte, y en el sur está la mayoría de los centros de consumo. Eso ya es un problema en sí mismo”, explica.
Esa dificultad llevó a Chile a innovar de forma acelerada en transmisión, pero sobre todo en sistemas de almacenamiento electroquímico, algo que Costa Rica todavía no ha desarrollado al mismo ritmo. “Eso ha sido una maravilla para el sistema chileno, porque cada vez se nota más la transición energética hacia fuentes renovables, fortalecida sobre todo por el almacenamiento. En cambio, nuestro plan de expansión todavía está mapeado mucho hacia generación térmica e hidráulica, con eólica y solar a muy largo plazo”, señala.
España: la lección no es la plata, es la flexibilidad institucional
El caso español, según Gómez Ramírez, es similar al chileno: ambos países innovan fuertemente gracias a una institucionalidad que se volvió “muy flexible”. Para Costa Rica, sostiene, el problema no sería la falta de recursos: “siempre el tema va a ser que nosotros tenemos la plata, pero no tenemos la flexibilidad. Eso es lo que carcome a nuestras instituciones; tenemos una burocracia muy fuerte y muy consolidada”.
En su criterio, este tipo de leyes podría ayudar a flexibilizar la capacidad del país para salir a contratar generación adicional cuando se proyecten nuevas demandas, por ejemplo, la llegada de una empresa de semiconductores que requiera 200 megavatios sin los tiempos de espera actuales del aparato estatal.
Costa Rica destaca por la estabilidad y la sostenibilidad ambiental, Chile por la capacidad de atraer inversión y acelerar la transición energética, y España por la competencia y la diversidad de oferta para las y los usuarios.
El costo de la apertura lo pagarían las familias y el agro
Uno de los argumentos más contundentes de Segura Quirós tiene que ver con la estructura tarifaria. La tarifa eléctrica se calcula dividiendo los costos fijos de la red entre la energía total vendida. Si los grandes consumidores industriales migran al mercado competitivo, esos costos fijos deberán distribuirse entre una base mucho menor de usuarios.
“Las distribuidoras perderán a sus abonados de mayor consumo y rentabilidad, pero mantendrán intactos los costos fijos de operar miles de kilómetros de redes en zonas rurales dispersas. Por simple aritmética financiera, esto ejercerá una presión al alza sobre las tarifas de los usuarios residenciales y rurales”, explica.
El principio de servicio universal, concluye Segura, no se protege mediante la libre competencia, sino a través de una regulación asimétrica robusta. Si el Fondo de Servicio Universal propuesto resulta insuficiente, o si los peajes de transporte de energía no se calculan con rigurosidad técnica, el costo real de la apertura se transferirá inevitablemente a las facturas de las familias y del sector agropecuario.
Gómez Ramírez aporta el respaldo comparado: ni Chile ni España lograron, con sus modelos liberalizados, tarifas más bajas para sus usuarios.
“En Chile el modelo no ha provocado una reducción de tarifas, y eso es una queja que tienen los chilenos. En España la tarifa tiene momentos muy baratos, pero hay momentos en que se vuelve cara”, dice, a partir de su experiencia viviendo en ese país. La advertencia es directa: si no hay intervención estatal efectiva, el mercado eléctrico se vuelve “un fin en sí mismo”.
Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que, para un consumo residencial de 200 kWh mensuales, Costa Rica se ubica en una posición intermedia dentro de Centroamérica, con tarifas inferiores a las de El Salvador y Honduras, pero superiores a las de Panamá y Nicaragua. Panamá registra la tarifa más baja (11,37 centavos de dólar por kWh), mientras que Honduras presenta la más alta (24,33 centavos). En términos regionales, Costa Rica se sitúa ligeramente por debajo del promedio centroamericano (17,61 centavos por kWh), asociado a su histórica apuesta por fuentes renovables y seguridad energética de largo plazo.
El TEC y su responsabilidad en el debate
Si la ley se aprobara a corto plazo, el país enfrentaría además una escasez de cuadros técnicos locales capacitados para diseñar, regular y auditar el nuevo mercado mayorista. El TEC, junto con el resto del sistema universitario público, tendría el reto urgente de reformar sus currículos para formar lo que Segura Quirós llama “ingenieros de mercados energéticos”, evitando que el diseño operativo del ECOSEN dependa de consultorías internacionales de alto costo cuya factura terminaría, nuevamente, en las tarifas.
Sobre el papel institucional del Tecnológico, el especialista es enfático: “El TEC, en su condición de universidad pública especializada en ciencia y tecnología, tiene la obligación ética y técnica de constituirse en el árbitro técnico y el faro científico del debate. El artículo 84 de la Constitución Política le otorga autonomía no como un privilegio de aislamiento, sino como un blindaje para emitir criterios científicos con absoluta libertad, sin temor a represalias políticas o comerciales”.
Sobre los especialistas
Carlos Mauricio Segura Quirós es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Costa Rica (TEC), donde desarrolla proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en áreas vinculadas con sistemas electrónicos y energía, contribuyendo a la formación de talento especializado y a la innovación tecnológica del país.
Gustavo Adolfo Gómez Ramírez es doctor en Ingeniería y especialista en sistemas eléctricos de potencia y energía. Se desempeña como profesor catedrático e investigador en el TEC y la UCR, y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ICE, particularmente en las áreas de transmisión, alta tensión y subestaciones eléctricas. Sus áreas de trabajo incluyen las energías renovables, el almacenamiento de energía, la planificación de sistemas de potencia y la integración de nuevas tecnologías en redes eléctricas.
Fuentes y recursos de consulta
Los siguientes recursos permiten ampliar el contexto técnico, operativo y mediático del debate sobre el Expediente 23.414.
Referencia académica
- Estadísticas del subsector eléctrico de los países del SICA, 2022 — Eugenio Torijano, CEPAL. Datos comparativos de generación, consumo e infraestructura eléctrica en Centroamérica.
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a45c3739-bc9c-4334-a514-dc6e62a21a60/content
Herramientas operativas
- Mapa Interactivo del Sistema Eléctrico Regional — Ente Operador Regional (EOR). Visualización en tiempo real de la red eléctrica centroamericana e intercambios del Mercado Eléctrico Regional.
https://www.enteoperador.org/mapa/map.html - CenceWeb — División Operación y Control del Sistema Eléctrico — ICE. Portal de datos en tiempo real sobre la operación del sistema eléctrico nacional: despacho, generación por fuente y balance energético.
https://apps.grupoice.com/CenceWeb/